EL PELIGRO DE LA RELACIÓN FUERZAS ARMADAS Y NARCOTRÁFICO

Por Juan Carlos Aguilera.

Durante décadas, los chilenos nos jactamos —con razón— de que nuestras    Fuerzas    Armadas permanecían al margen del narcotráfico. Las noticias de estas dos últimas semanas estremecieron al país, con miembros del Ejército transportando cocaína desde Bolivia y suboficiales de la Fuerza Aérea traficando ketamina en vuelos institucionales, suponen no solo un quiebre simbólico, sino una alerta geopolítica profunda. El crimen organizado ha cruzado el umbral de las instituciones armadas. Pero ¿estamos ante casos aislados o frente a un proceso larvado de infiltración? ¿Y qué nos dice esto del tipo de Estado que estamos configurando?

 

Los hechos son ya conocidos. En la región de Tarapacá, siete funcionarios del Ejército fueron sorprendidos con 192 kilogramos de cocaína transportada desde Bolivia. Días después, cinco suboficiales de la FACh intentaban mover cuatro kilos de ketamina a bordo de un avión institucional. La respuesta del gobierno fue tardía y confusa, especialmente en el caso de la Fuerza Aérea, que en un principio se negó a entregar la investigación a la justicia civil. No así de las instituciones armadas, pues fueron ellas las que descubrieron los hechos y dieron de baja a los involucrados.

Esta reacción ambigua del gobierno no es casual. La izquierda chilena —y en particular sectores ligados al Partido Comunista— ha sostenido históricamente una desconfianza profunda hacia las FFAA. No resulta irrelevante, entonces, que el actual subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, militante comunista, haya advertido hace meses sobre los “peligros” de involucrar a los militares en tareas de seguridad interior. Lo paradójico es que hoy esas instituciones, que el propio gobierno ha replegado al plano ornamental, se revelan cómo portadoras involuntarias de una de las amenazas más graves a la soberanía nacional.

 

En América Latina, los casos de cooptación de las FFAA por parte del narcotráfico no son nuevos. En México, la deserción de militares formados por el Estado derivó en la creación de Los Zetas, uno de los carteles más sangrientos del hemisferio. En Venezuela, el llamado “Cártel de los Soles” involucra a altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana en redes de narcotráfico con protección estatal. En Colombia, múltiples investigaciones han vinculado a oficiales del Ejército con grupos paramilitares y bandas narco como el Clan del Golfo.

 

Lo común a todos estos escenarios es la descomposición institucional, la corrupción estructural y la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. El resultado es una forma de “narco-Estado” donde las fronteras entre el poder legítimo y el criminal se desdibujan, y la política deviene rehén de intereses transnacionales.

Como bien ha señalado John Griffiths, investigador de AthenaLab, el combate al narcotráfico sin una reforma profunda del aparato de inteligencia y sin control político estricto, puede derivar en la captura de la fuerza por el enemigo que se pretende combatir.

 

Sería irresponsable afirmar que las Fuerzas Armadas chilenas han sido cooptadas estructuralmente por el narcotráfico. Además, según encuestas recientes, las FFAA siguen siendo, junto a Carabineros, las instituciones con mayor prestigio ante la ciudadanía.

 

Chile se encuentra ante una bifurcación decisiva. Puede elegir entre fortalecer su institucionalidad, profesionalizar su aparato de inteligencia y revisar el rol real que quiere asignar a sus FFAA en un contexto de amenazas asimétricas. O puede repetir el camino de México y Venezuela, donde la retórica política de desmilitarización convive con redes narcoestatales dentro del propio poder.

No es casualidad que el narcotráfico crezca donde el Estado se retira, ni que penetre donde las FFAA son abandonadas a su suerte, sin reconocimiento ni exigencia. Y no deja de ser simbólicamente perturbador que mientras el presidente Boric se esfuerza en promover políticas de equidad de género en las FFAA, éstas estén siendo infiltradas por redes criminales de cocaína y ketamina.

 

El problema no es que las FFAA estén armadas. El problema es que, si las vaciamos de misión y sentido, otros sabrán para qué usarlas.

 

El Autor:

• Juan Carlos Aguilera P. 

Dr. Filosofía y Letras. Universidad de Navarra. Catedrático de Filosofía. Director de Empresas Familiares.

Fundador del Club Polites. 

Contacto: 569 91997881.