En medio de un clima institucional enrarecido, el Consejo para la Transparencia enfrenta un recurso que apunta a “graves faltas a la probidad, posible falsificación de instrumento público y tráfico de influencias”.
El corazón de la denuncia apunta a gruesos problemas con las actas del consejo directivo, tarea a cargo de José Ruiz, considerado un “protegido” del expresidente del CPLT y actual consejero de la entidad, Marcelo Drago. Pese a que tenía los antecedentes en su poder al menos desde octubre, el organismo respondió recién la semana pasada a la Contraloría y comunicó este lunes –en un mensaje interno a los funcionarios– que instruyó una investigación sumaria y la “revisión de una serie de cuestiones y procedimientos internos”. Desde la Asociación de Funcionarios advierten que “está en riesgo la credibilidad social y jurídica” de la institución.
“No queremos ni estamos disponibles para que en el Consejo para la Transparencia (CPLT) se materialice el refrán que reza 'en casa de herrero, cuchillo de palo'”. Ese es el duro diagnóstico de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del CPLT respecto a una serie de irregularidades que golpean a la entidad encargada justamente de “promover y cooperar en la construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia” en Chile, según su misión.
El clima al interior del organismo público se encuentra enrarecido, luego de un reportaje en La Tercera este domingo y la presentación de un recurso ante Contraloría que denuncia una serie de “zonas grises” en la institución presidida por el abogado Jorge Jaraquemada y cuyo consejo directivo está integrado por los consejeros Francisco Leturia, Gloria de la Fuente y Marcelo Drago.
Drago, presidente del CPLT entre 2017 y 2019, es un nombre que se repite en los reclamos de los funcionarios. Sus defensores señalan que su gestión, marcada por su estilo ejecutivo y más gerencial, dejó heridos en el camino, sobre todo por la reestructuración interna que ejecutó en el organismo a nivel de direcciones. Y, de hecho, aseguran que estas denuncias que estallaron ahora dicen relación con los cambios aplicados. Desde la asociación responden que la gestión de Drago fue un retroceso en materia de probidad e indican que todo apunta a que el militante DC está pavimentando su retorno a la testera del organismo.
Contraloría ordenó un informe después del requerimiento ingresado por un funcionario, cuya identidad quedó bajo reserva en el ente fiscalizador. El recurso menciona temas graves en el funcionamiento de la institución, como “retraso y la omisión selectiva de actas de las sesiones del consejo” y apunta a “graves faltas a la probidad, posible falsificación de instrumento público y tráfico de influencias”.
En la denuncia se apunta al secretario del consejo directivo, el ingeniero José Ruiz Yáñez, “además de tráfico de influencias” de Marcelo Drago, y la directora general, Andrea Ruiz, en beneficio de este funcionario”.
Ruiz fue contratado en 2017 como secretario para el consejo directivo, con un sueldo de $4.690.328 (de acuerdo a la información que consta en Transparencia Activa de octubre 2018). La denuncia ante la Contraloría puntualiza que el cargo fue especialmente creado para Ruiz, considerado al interior del organismo como un “protegido” de Marcelo Drago.
Sin embargo, este punto es rebatido por el Consejo para la Transparencia. En su oficio de respuesta a la Contraloría del 14 de febrero, que lleva la firma del director general subrogante Héctor Moraga, la entidad señala que el ingeniero “fue elegido por unanimidad de los miembros del consejo cuando el presidente era José Luis Santa María” y remarca que “el cargo se encuentra establecido en el Decreto Supremo número 20 de 2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y no fue creado para el señor José Ruiz”.
Desde la asociación señalan que dicha versión está a medias, porque, si bien Santa María era el presidente, estaba terminando su periodo, y Ruiz fue contratado a sabiendas que Drago asumiría el mando de la institución.
La función principal de Ruiz es la elaboración y registro de las actas de las sesiones del consejo directivo. No obstante, un tema irregular al interior del CPLT es el de la falta de actualización de estos documentos. Después de una alerta interna, el tema fue puesto en tabla del consejo directivo del 10 de octubre de 2019, donde se informó que había 66 actas que estaban pendientes de redactarse y publicarse en el portal de Transparencia Activa del Consejo. Varias de ellas databan de 2017.
Si bien el consejo directivo acordó tener todo normalizado al 30 de octubre, desde el 17 al 28 de octubre Ruiz estuvo en China participando en una conferencia sobre ciberseguridad. Así, al 16 de enero aún quedaban 16 documentos por poner al día.
En el oficio enviado a la Contraloría, el CPLT admite el retraso en las actas, y argumenta que no cumplieron los plazos “en virtud de una serie de situaciones extraordinarias y prioritarias que el Consejo tuvo que abordar” durante octubre. Sin embargo, acotan que ya está todo en orden y a la fecha de la respuesta al ente fiscalizador “todas las actas antes mencionadas están suscritas y se encuentran publicadas en la página web institucional habiéndose subsanado la situación”.
En medio de este proceso de “normalización” con las actas, los funcionarios se quejan de que la solución entregada por el consejo directivo fue incorporar a un abogado de Fiscalía para tomar apuntes y elaborar borradores, una especie de ayudante de Ruiz, lo que consideran "insólito". “Esta decisión también generó mucho ruido al interior de la institución, ya que, aparte de no darle mayor relevancia a un error grave, se contrata a otra persona para ayudar al responsable a realizar uno de los trabajos para el que fue contratado”, dicen en la asociación.
Uno de los casos emblemáticos de los problemas con las actas guarda relación con la sesión del 20 de diciembre de 2018, donde el consejo directivo acordó un sumario contra el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Pero la sanción nunca se aplicó, porque el acta publicada en la página web institucional no consigna la instrucción del sumario, un tema que nuevamente expone la responsabilidad funcionaria de Ruiz como encargado de dichas actas. “¿Fue una omisión voluntaria o intencionada?”, se preguntan en la asociación.
Sin embargo, de acuerdo a lo detallado por el Consejo en su respuesta a Contraloría, el problema con las actas no implica “situaciones que contravienen el principio de probidad por parte de algún funcionario o autoridad de este consejo ni mucho menos esas situaciones podrían constituir una supuesta ilicitud de carácter penal”.
Es más, añade que “ni el consejo directivo ni la directora general se han negado a instruir una investigación sobre los hechos vinculados con la falta de elaboración y publicación de las actas de las sesiones del consejo directivo, por lo que no es posible sostener que existiría una supuesta intención premeditada de las autoridades de esta corporación de proteger al secretario del consejo directivo, José Ruiz Yáñez”.
Una sesión compleja
Pero la situación en el CPLT tiene otros ribetes, porque el 5 de diciembre pasado, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias se reunió con el consejo directivo en pleno, más la directora general Andrea Ruiz Rozas, para exponerle este caso y otras irregularidades al interior del organismo. “El llamado era a hacernos cargo, antes que esta información saliera de las paredes del consejo”, sostienen. Pero inevitablemente el tema escaló a la prensa.
A dicha cita, la organización llegó con un documento llamado “Reflexiones y Petitorio”, donde salieron otros temas a la palestra. Entre algunos de los reparos mencionan el alto costo que implica para el organismo el pago de asesores externos contratados para colaborar con los consejeros, con una remuneración bruta mensual de $ 2.000.000. “El gasto actual en sueldos y/o honorarios del secretario y de los asesores es de $12.290.328 mensuales, es decir, $147.483.936, lo que parece un monto elevado para la actual situación de austeridad que exige el país”, advierten.
La asociación también puso foco en la realización de sesiones dobles que realiza el consejo directivo, “ya que en ocasiones pareciera que se hace para cumplir con la dieta. Además, se considera que si se hicieran las sesiones cuando corresponde, se avanzaría de mejor manera en los temas que se deben tratar en sesión”.
La discusión de esa jornada en el consejo quedó registrada en un acta oficial de 8 páginas, cuya redacción quedó a cargo de Ruiz. Sin embargo, los funcionarios elaboraron su propia acta de 13 páginas, con un relato más detallado de lo acontecido en esa sesión que califican de “hostil” y “nada de amable”.
Así queda refrendado en las intervenciones del consejero Drago. El expresidente del CPLT calificó el petitorio como “un reproche al Consejo Directivo” y dijo que varios de los temas planteados no son resorte de una asociación de funcionarios. Sobre el caso de la polémica acta de la Universidad de Chile, Drago puso las manos al fuego por Ruiz, y dijo que la responsabilidad en este caso era de otra funcionaria, Yael Schnitzer. “Una cosa es la denuncia anónima que se usa para vendetta y la otra que es con identidad protegida”, sostuvo.
Los funcionarios se fueron con un sabor amargo de la audiencia. Sostienen que los consejeros tuvieron una actitud “defensiva” y acusan que “las respuestas que recibimos fueron insatisfactorias y ambiguas, incluso quedando en actas públicas algunas opiniones destempladas (…), cuestionando la legitimidad de dichos planteamientos”.
La declaración del CPLT
En medio de este clima, el Consejo para la Transparencia recién decidió tomar cartas en el asunto y acordó encargar en febrero una investigación sumaria que busca determinar lo ocurrido con eventuales errores en algunas actas de las sesiones de este consejo directivo, como señala un comunicado que circuló durante este lunes en la entidad, con la firma del presidente Jorge Jaraquemada.
En otra línea de acción, la declaración anuncia que “el consejo directivo ha estimado necesaria la revisión de una serie de cuestiones y procedimientos internos, con la finalidad de responder al desempeño de un rol más proactivo, que sintonice con demandas de los funcionarios, así como con el escenario político-social actual”. En un intento por apaciguar las aguas, el mensaje además se compromete a “reforzar el trabajo de comunicación interna y del bienestar de todos”, conscientes del duro clima interno que hay en la entidad.
Los funcionarios señalan que la medida llega a destiempo, dado que las anomalías con las actas constan al menos desde octubre. Sobre todo, advierten que “lo que está en riesgo es ni más ni menos que la credibilidad social y jurídica del Consejo para la Transparencia, que es el órgano público por excelencia llamado a materializar institucionalmente la transparencia y la probidad como principios rectores en cada uno de sus niveles, para así estar en condiciones reales de exigir a los demás órganos de la Administración el pleno respeto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y con ello contribuir a la creación de una cultura de la transparencia”.
Fuente El Mostrador
El profesor Jaime Bassa, es un reconocido abogado constitucionalista y profesor de derechos constitucional de la Universidad de Valparaíso. Doctorado en estudios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad.- Con una visión lúcida sobre el Estado Constitucional de Derecho, efectos sobre la Constitución vigente y los derechos Sociales.- 
