jueves, 22 de mayo de 2025

FUNCIONARIOS DE JUNJI E INTEGRA BAJO INVESTIGACIÓN POR LICENCIAS MÉDICAS FALSAS Y VIAJES AL EXTRANJERO

Ambas instituciones concentran la mayor cantidad de trabajadores que salieron del país mientras estaban con licencia médica. La Fiscalía investiga a nueve funcionarios por su posible vínculo con una red criminal que defraudó al Estado en más de $26 mil millones.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra están en el
centro de una investigación por parte de la Contraloría General de la República, luego de revelarse que sus funcionarios encabezan la lista de trabajadores públicos que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica. La situación ha levantado serias sospechas sobre el uso indebido de estos permisos, que en algunos casos habrían sido comprados de forma fraudulenta.

De acuerdo con información obtenida por BBCL Investiga, funcionarios de ambas entidades no sólo se ausentaron de sus funciones para salir del país, sino que también figuran entre los principales compradores de licencias médicas ideológicamente falsas. La Fiscalía ya formalizó a nueve de ellos por su presunta participación en este esquema, que generó un daño millonario a las arcas fiscales.

La investigación judicial se remonta a diciembre de 2022, cuando se detectó una red liderada por los médicos colombianos Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis. Según el Ministerio Público, ambos encabezaban una organización criminal dedicada a vender licencias falsas a través de redes sociales y WhatsApp. Entre 2020 y 2022, emitieron más de 71 mil documentos fraudulentos, provocando un perjuicio al Estado que supera los $26 mil millones.

El negocio ilícito operaba mediante tres sociedades médicas: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA. Los precios de las licencias variaban según el sistema de salud del “paciente” y la cantidad de días solicitados. Mientras más reposo se requería, mayor era el costo. La operación terminó con varios condenados, incluyendo la expulsión de tres extranjeros, y la formalización de 82 personas, en su mayoría funcionarios públicos.

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