Una investigación reveló que empleados de la Presidencia y diversos ministerios superaron con creces el tope legal de horas extraordinarias, generando millonarios desembolsos del erario. Conductores y asesores jurídicos encabezan la lista.
Una investigación basada en datos obtenidos vía Ley de Transparencia reveló que funcionarios públicos de la Presidencia y distintos ministerios han acumulado hasta $11,8 millones anuales solo en pagos por horas extra, superando en numerosos casos el límite legal permitido. Las cifras, recopiladas entre marzo de 2022 y marzo de 2025, exponen una preocupante práctica que pone bajo la lupa la fiscalización del gasto público.
El caso más llamativo corresponde a un abogado de la división jurídica de la Subsecretaría de Salud Pública, quien recibió más de $11,8 millones por concepto de horas extras, realizando de forma constante 40 horas diurnas y 16 nocturnas al mes. Este funcionario, cuyo sueldo base alcanza los $4,7 millones mensuales, habría trabajado el máximo permitido, y más allá, mes tras mes, levantando dudas sobre la veracidad o necesidad de tales jornadas.
El listado incluye también a varios conductores entre los más beneficiados. El chofer del ministro de Vivienda, Carlos Montes, figura en el segundo lugar con $11,8 millones acumulados durante 2024 por prolongaciones de jornada. Le sigue el conductor del subsecretario de Educación, con un total de $10,7 millones por el mismo concepto. Estas cifras ponen de manifiesto una tendencia preocupante en cargos que, en teoría, no requerirían una extensión horaria tan significativa de forma sostenida.
Más allá de los excesos legales, el informe también identificó anomalías sin explicación oficial. Entre ellas, el caso de un dirigente comunista desvinculado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en febrero de 2023, pero que aún así aparece recibiendo casi $2 millones ese mismo mes por 139 horas extraordinarias, pese a haber sido despedido.
Según la normativa vigente, los funcionarios públicos no pueden realizar más de 40 horas extraordinarias diurnas mensuales, salvo situaciones excepcionales como desastres naturales o emergencias públicas. Sin embargo, el reporte evidencia que esta norma fue transgredida en al menos 67 ocasiones por funcionarios de planta y en 388 casos por personal a contrata durante el periodo analizado.
La información publicada por La Segunda vuelve a encender la discusión sobre la regulación y supervisión de las horas extra en el sector público, una práctica que, si no se corrige, seguirá implicando un alto costo para las arcas fiscales y una erosión en la confianza ciudadana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario