Por Pablo Salinas
Las faenas de urbanización en terrenos inmediatamente al sur de la playa de Tunquén, que se realizaban sin ningún tipo de autorización municipal, quedaron al descubierto recién hace diez días atrás. El asunto da una señal demasiado rotunda y clara de cuán codiciada resulta toda esa zona de nuestra comuna, que hace pensar a algunos que, dada su eventual lejanía y aislamiento, será posible llevar adelante una intervención de envergadura, destruyendo quebradas y removiendo hectáreas de vegetación nativa, sin que nadie se de cuenta.
Afortunadamente, en este caso la reacción tardó pero llegó. Tras la denuncia ciudadana, la municipalidad ordenó paralización de los trabajos. Sin embargo, estos alcanzaron a avanzar lo suficiente como para entregarnos otra señal preocupante: la intención de hacer un camino que llegara hasta la playa misma. Más precisamente, al sector sur de la playa, el mismo que el último informe del Consejo de Monumentos Nacionales sugirió descartar del área propuesta para la ampliación del Santuario, que hoy se restringe a las 95 hectáreas aledañas al Humedal del sector norte.
Según Christian Lucero, abogado de la Fundación Tunquén Sustentable, mientras no haya una protección “como debe ser”, esto es, oficial, situaciones irregulares como esta es muy probable que se sigan repitiendo. No solo en quebradas y terrenos cercanos, sino en el humedal estacional y el campo dunar mismo. Y la responsabilidad recae en el Ministerio de Medio Ambiente, órgano del Estado que lleva ya más de tres años dilatando sin justificación válida la concreción del proceso de ampliación del Santuario.
Factor crucial en esta demora: según Lucero, los criterios de algunos de los propietarios de los terrenos insertos dentro del polígono de 320 hectáreas propuesto de la ampliación, expresados como observaciones ante la SEREMI de Medio Ambiente. Como el de R. A. Maser, quien invoca sus “derechos constitucionales de la propiedad privada” para oponerse tajantemente a la ampliación del Santuario de la Naturaleza.
Para el abogado, esta carta del propietario “refleja y transparenta cuál es la real motivación que hay detrás de la demora, y de esta negativa en realidad, de proteger el Santuario de la Naturaleza en su totalidad, estando los fundamentos técnicos y científicos alineados, y de alguna forma las autoridades locales y regionales también. La autoridad política es la que finalmente dilata, demora y rechaza. Con un fundamento que ya no es misterioso, lo tenemos condensado en esta carta.”
Respecto a la intervención irregular en el sector sur, la inmobiliaria responsable de esta -Punta La Ventana- presentó, a través de su representante legal, un recurso de protección en contra del funcionario de la Dirección de Obras municipal encargado de notificar la paralización. La comunidad organizada, por su parte, ya hizo la denuncia ante la Dirección General de Aguas por intervención en cauce natural y prepara una demanda por daño ambiental para ser presentada en los próximos días.
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